La entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 impone a todas las empresas que tratan datos personales un estándar de cumplimiento nuevo en Chile, fiscalizado por la Agencia de Protección de Datos Personales y respaldado por un régimen de sanciones significativo. Asesoramos a nuestros clientes en la adecuación integral a esta normativa, incluyendo el diagnóstico de brechas, la elaboración del registro de actividades de tratamiento, la determinación de las bases que habilitan cada tratamiento, la revisión de contratos con proveedores y las transferencias internacionales de datos, la atención de las solicitudes de los titulares y la respuesta ante incidentes de seguridad.

Prestamos además apoyo permanente en el ejercicio de la función del delegado de protección de datos, en la realización de evaluaciones de impacto en privacidad previas a la adopción de nuevas tecnologías, en la capacitación de los equipos internos y en la implementación del modelo de prevención de infracciones regulado por el Decreto N° 662, cuya adopción voluntaria y certificación permiten acreditar el cumplimiento ante la autoridad y son consideradas como circunstancia atenuante frente a eventuales sanciones. Contamos con experiencia en el gobierno de datos en organizaciones de gran escala y en la relación con autoridades y organismos de certificación.